Este 7 de octubre conmemoramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y el Partido Socialista Obrero Español se une al movimiento sindical para reclamar avances, en nuestro país y en el mundo, en la garantía de un empleo digno y con derechos para todas y todos.

El concepto de Trabajo Decente, acuñado en 1999 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se sustenta en un empleo con derechos, protección social, diálogo social, que sea productivo, con salarios justos, seguridad y salud en el trabajo, prestaciones sociales, y reconocimiento y respeto a la libre sindicación y a la negociación colectiva. Dentro de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de Naciones Unidas incorporó el Programa de Trabajo Decente y se presenta así como un objetivo irrenunciable en los años venideros.

En todo el mundo, el trabajo afronta hoy retos ineludibles: la globalización económica, las nuevas realidades en la organización del trabajo, la robotización, la digitalización, nuevos patrones de consumo, el cambio climático y las consecuencias de la Gran Recesión habida en los años pasados. En paralelo, el capitalismo financiero ha acentuado sus perfiles más perniciosos para los trabajadores: movimientos especulativos de capital, paraísos fiscales, deslocalizaciones de empresas, aumento de las desigualdades e incremento de la pobreza como consecuencia de la concentración del capital y del poder.
Ante estos fenómenos, no cabe duda de que necesitamos instituciones fuertes que supongan un contrapoder democrático y equitativo que controle a los poderes económicos y los encarrile en el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les corresponden de modo inherente.
Al tiempo, junto con unas instituciones democráticas asentadas no debemos renunciar a un sector público fuerte con un amplio peso de las políticas públicas propias del Estado de Bienestar. La sanidad, la educación, la protección y los servicios sociales deben ser más que nunca instrumentos de redistribución de la riqueza opuestos a una visión mercantilista que preconiza su privatización a toda costa. Podemos afirmar que un Estado de Bienestar fuerte es también una garantía de un Trabajo Decente, por las certezas que aporta a los trabajadores y trabajadoras.
En el marco comunitario, los y las socialistas consideramos imprescindible un desarrollo íntegro del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) como mejor garantía para el Trabajo Decente ante una escalada de austeridad, recortes de gasto público, devaluación salarial y pobreza laboral. Consideramos que el deterioro de las condiciones de trabajo, y por tanto, de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad europea es el campo abonado en el que crece una ola de antieuropeísmo y xenofobia que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. El reforzamiento del trabajo decente es, a nuestro juicio, la mejor garantía contra el avance de movimientos de extrema derecha en la Unión Europea.

En nuestro país, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha emprendido desde el pasado mes de junio una senda de reconstrucción del Estado de Bienestar, así como de reversión de los recortes sociales y de pensiones, de retornos a niveles aceptables de protección por desempleo, y de desmantelamiento de los nocivos efectos de las reformas laborales que había practicado la derecha en el poder desde 2011 hasta su salida del gobierno en junio de 2018.

El impulso al diálogo social, a la participación de las Comunidades Autónomas y al consenso político ha supuesto avances en la línea demandada por el trabajo decente: iniciamos una senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros en 2020, y se ha logrado un gran acuerdo en el marco del Pacto de Toledo por el futuro de las pensiones.

Queda, no obstante, mucho camino por recorrer y en el PSOE no vamos a renunciar a ello. No queremos terminar sin olvidar la importancia y la urgencia de reformar el Estatuto de los Trabajadores para que nuestro ordenamiento laboral entre en el siglo XXI. En este sentido, consideramos imprescindible avanzar en la reforma del art. 42 en materia de contratas y subcontratas, que supone con su redacción actual una puerta abierta a la precarización de las condiciones laborales; la reforma del art. 84.2 sobre la prevalencia del convenio sectorial; la reforma sobre ultraactividad de los convenios y, de modo apremiante, la necesaria reforma sobre registro de jornada para combatir las horas extras no pagadas o no compensadas.

En relación con esta última, debemos recordar una vez más que un 44% de las horas extras realizadas en el primer trimestre del año 2018, según el I.N.E., no fueron pagadas ni compensadas. Suponen una lacra en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, suponen un abuso contra los derechos de los trabajadores, impiden la creación de nuevos puestos de trabajo y suponen un fraudo al conjunto de la sociedad al no ser declaradas en el IRPF ni cotizadas a la Seguridad Social. Apelamos a la responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas y de agentes sociales para poner fin a esta lacra de horas extraordinarias no registradas y no pagadas, apoyando las modificaciones legales por las que los socialistas apostamos desde hace tiempo, como apostamos y apostaremos siempre por el Trabajo Decente que hoy, 7 de octubre, reivindicamos.